El 22 de junio de 2026, la Justicia Federal de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, declaró como delitos de lesa humanidad a los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 en el basural de José León Suárez. El fallo histórico reconoció la responsabilidad del Estado argentino y ordenó medidas de reparación y memoria a 70 años. “Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales calificó legalmente como allanamiento ilegal de domicilio que concurre realmente con el de privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenaza y por ser llevadas a cabo por funcionarios públicos en abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley (reiterado en 12 oportunidades que concurren realmente entre sí) que a su vez concurre realmente con el de homicidio agravado por haberse cometido con alevosía, consumado en 5 oportunidades y tentado en otros 7 todos los que concurren realmente entre sí (artículos 55, 142 inciso 1, 143 inciso 1, 151 y 80 inciso 2 del CPN conforme Ley N° 11.179 de 1921). Declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo, resultan penalmente responsables de los hechos que dí por probados en el punto 1) y calificados en el punto Establecer que, de conformidad con la calificación escogida, la pena que les hubiera correspondido era la de prisión perpetua. Dejar asentado que, de acuerdo al derecho de gentes, receptados en el artículo 102 la Constitución Nacional de 1853 -actual artículo 118-, los crímenes cometidos e investigados en este proceso pueden ser considerados CRIMENES DE LESA HUMANIDAD”. Dijo el letrado Alberto Palacio en el alegato final del juicio por la verdad: “La memoria estalla hasta vencer, va encontrando un recoveco para salir”. Dani